Las dudas más comunes que se han presentado en la encuesta se refieren a los conceptos sobre los que se aplicaría el 0,7, esto es, las partidas presupuestarias sobre las que se calcularía, como matrículas o presupuestos de los centros, y otras aportaciones voluntarias (deducciones en las nóminas, matrículas…). También se plantea el interrogante sobre cuáles serían los pasos a seguir para aplicar el 0,7% de estas partidas presupuestarias a Cooperación al Desarrollo.
Una cuestión recurrente es si la Universidad debería aportar el 0,7 % de todos sus ingresos o sólo de los propios, porque al financiarse a través de transferencias y subvenciones de las estructuras de cooperación de las administraciones públicas, se estaría contabilizando el mismo recurso destinado a cooperación dos veces, por parte de la Administración y por parte de la universidad.
En este sentido, también aparece la cuestión de cómo gestionar el 0.7 % del presupuesto de cada centro, en caso de que se optara por esa opción; si sería el propio Centro quien gestionase los recursos, en el marco establecido por la entidad competente dentro de la universidad, o los recursos se deberían canalizar a través de la Oficina de Cooperación de la Universidad.
Otra interrogante sería qué tipo de gastos se debieran cubrir con este fondo: cualquier tipo de acción, como movilidad de PDI-PAS, sensibilización, etc, o solamente para proyectos, ayuda de emergencia… incluso se va más allá y se plantea si se debería hacer una valoración de los gastos de infraestructura (aulas, oficinas, instalaciones, gasto eléctrico, Internet, agua, etc.), y servicios generales (gestión económica, personal, conserjerías, biblioteca, limpieza, etc.) que la universidad aporta al funcionamiento de su centro o centros CUD.
Respecto a la aportación del PDI y PAS, se plantea si sería factible, una vez la universidad cumpla con el compromiso del 0,7l, retener ese porcentaje de la parte dedicada a la nómina de todo el personal.
Por último, se plantea un interrogante sobre cómo gestionar de fondos en los países en desarrollo así como la falta de formación de personal especializado.