III Informe de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Castilla y León 2010

El Observatorio Interuniversitario de la Cooperación Internacional al Desarrollo de Casti-lla y León, integrado por las universidades públicas de la Comunidad, presenta su tercer Informe sobre la Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.

El Informe ha contado con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE) y analiza la Cooperación al Desarrollo en torno a tres ejes: el estudio detallado de la Ayuda al Desarrollo en el año 2009, la evolución y características de la Cooperación al Desarrollo en la pasada legislatura (2007-2011) y aspectos específicos como la Cooperación Universitaria al Desarrollo y algunas Campañas de sensibilización llevadas a cabo por instituciones públicas y ONGD.

La política de cooperación al desarrollo de Castilla y León en el periodo analizado tuvo im-portantes cambios en su orientación y gestión y se consolidaron tendencias sobre las que es preciso reflexionar. Entre los principales resultados del análisis destacan:

• El nuevo enfoque de la cooperación castellano-leonesa, que vincula atención a la ciudadanía castellano-leonesa y Ayuda al Desarrollo. Este enfoque ha genera-do confusión y condicionado el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. La creación de la Dirección General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarro-llo y de la Fundación Cooperación y Ciudadanía, al combinar la AOD con la atención a la ciudadanía castellano-leonesa en el exterior han condicionado en algunos casos la orientación de la ayuda y no permite diferenciar si el objetivo de algunas actuaciones concretas son las personas en situación de pobreza o la ciudadanía castellano-leonesa.

• El salto a la Planificación de la Ayuda al Desarrollo, mediante la aprobación del Plan Director de la Cooperación al Desarrollo 2009-2012 y las Programa-ciones Ejecutivas Anuales. El Plan Director supone un importante marco de referencia por cuanto establece Objetivos y asigna Modalidades e Instrumentos de actuación. Sin embargo, la ausencia de un diagnóstico sólido en su base, el condicionante del enfoque mencionado en la asignación de prioridades geográficas y la falta de compromisos concretos en cuanto a la asignación de recursos, limitan su alcance.

• La nueva forma de gestión, que pasa del Servicio de Cooperación a la Funda-ción Cooperación y Ciudadanía. La reducción de las convocatorias en los últimos años y la asignación de cada vez más modalidades de cooperación mediante subvencio-nes y ayudas directas han realzado el papel de una entidad en la que no existe repre-sentación de los agentes de cooperación.

• El descenso de la Ayuda al Desarrollo de Castilla y León durante la pasada Legislatura (2007–2011). Antes de la crisis económica, las administraciones públicas realizaron importantes recortes de los recursos destinados a la lucha contra la pobreza en el mundo, pasando de 19,22 millones de euros en 2007 a 16,70 millones en 2010, un 13% menos, del que el descenso mayor corresponde al gobierno regional (-19,8%), mien-tras que los gobiernos locales suben un 1,35%.

• El alejamiento del objetivo del 0,7% previsto por Ley y de la media de Ayuda al Desarrollo de las Comunidades Autónomas. Los recortes alejan el horizonte de cumplimiento del 0,7% establecido en la Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León de 2006 y sitúan a nuestra Comunidad en las últimas posiciones en cooperación autonómica en cuanto a porcentaje de AOD sobre el Presupuesto (0,12% de media en el periodo frente al 0,24 de media de las CCAA) y gasto por habitante y año (5,9 euros en Castilla y León frente a los 10,8 euros de media de las CCAA en el periodo).

• La consolidación del enfoque en las necesidades básicas y los países de renta media. Dos tercios de la Ayuda se orienta a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, fundamentalmente educación y salud, en países latinoamericanos, que reciben el 53% de la AOD. Se trata de países de renta media e incluso media-alta, sobre todo en el caso de países sudamericanos, que reciben en el periodo en torno a un 34% de los recursos, lo que hace que la atención a los Países Menos Adelantados, establecida como prioridad en las recomendaciones internacionales, se vea mermada recibiendo una media del 22% de la ayuda.

• El deterioro de los órganos de participación y consulta. Los Consejos de Coope-ración y la Comisión Interterritorial se han caracterizado por un funcionamiento de mínimos, de carácter formal y sin apenas incidencia en las decisiones y cambios reales habidos en la cooperación durante el periodo. De la misma forma, los procesos de elabo-ración del Plan Director y las Programaciones Ejecutivas Anuales muestran un paula-tino alejamiento de la consulta y la participación de los agentes de cooperación en su definición.

Desde este análisis y para un mejor cumplimiento de los objetivos de la cooperación al desarrollo castellano-leonesa establecidos en la Ley, proponemos:

- Avanzar en la definición de una política de cooperación al desarrollo comuni-taria con la coordinación entre el gobierno regional y los gobiernos locales mediante la activación de la Comisión Interterritorial y su participación explícita en la definición de planes y programaciones.

- Renovar los instrumentos de planificación, como el Plan Director, mediante procesos realmente participativos, partiendo de diagnósticos realistas de nuestra coope-ración y estableciendo objetivos, metas e indicadores que, a la par que sensatos, identi-fiquen puntos claros de llegada.

- Mantener el objetivo del 0,7%, especialmente en tiempos de crisis. La atención a “nuestra” crisis nos está haciendo olvidar la pobreza extrema en que viven millones de personas, que se ha agravado precisamente por la actuación de los ámbitos financieros de los países desarrollados.

- Mantener la orientación de la Ayuda a la satisfacción de las necesidades bási-cas, enfocándola de manera prioritaria a los Países Menos Adelantados hasta alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

- Fortalecer los mecanismos de participación y consulta estableciendo procesos que permitan el aporte de todos los agentes de la cooperación en la definición de las políticas mediante la asignación de tiempos adecuados

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