Comercio Justo, Universidad y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (David Comet, Politólogo. Coordinador de la campaña de Universidades por el Comercio Justo de IDEAS)

David Comet, Politólogo. Coordinador de la campaña de Universidades por el Comercio Justo de IDEAS.

 1. Introducción

El pasado 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba su nueva agenda política, social y económica, con 17 objetivos y 169 metas a alcanzar en 2030. Centrada en promover un modelo de Desarrollo Sostenible, ha sido popularizada como Agenda 2030. La Asamblea fue precedida por una evaluación de la agenda previa, la de los conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (aprobada en el año 2000) que, entre otras muchas cosas, pretendían reducir a la mitad la pobreza extrema, o detener la expansión de enfermedades como el paludismo. La comunidad internacional quedó con un regusto agridulce al haber conseguido parte de sus objetivos, como el de reducir la pobreza extrema a la mitad o el de detener algunas enfermedades, pero asumiendo que el mundo se había convertido en un lugar más desigual. Según denunciaba Intermón Oxfam a comienzos de 2015, el 1% más rico del mundo tenía más riqueza que el resto de la población mundial, es decir, disfrutan del 50% de la riqueza existente.

Y es que la brecha entre ricos y pobres se ha ido abriendo durante la última crisis económica (a la que acompañan otras crisis como la política, social, la ecológica, etc.). Las medidas políticas generalizadas durante la crisis, y aplicadas por muchos gobiernos del mundo, centradas en el recorte de derechos y de prestaciones sociales, han tenido un efecto multiplicador: conseguir que haya más personas ricas y, a su vez, más pobres; en España, por ejemplo, la diferencia entre los ingresos del 20% más pobre y el 20% más rico se ha incrementado en un 30% en los últimos años. Ello evidencia que la Política debe ganarle terreno a la economía, y que es necesario reforzar derechos sociales que posibiliten condiciones de vida digna y un desarrollo pleno a cualquier persona y/o colectivo.

Afortunadamente, la recién aprobada Agenda de Naciones Unidas para 2030 ha puesto de manifiesto que la comunidad internacional está decidida “a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo  de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales” marcando claramente un camino: luchar contra todas las desigualdades. Desde mi punto de vista esa lucha pasa, necesariamente, por una distribución más equitativa de la riqueza mundial.

La idea de distribución equitativa no pasa, a mi entender, por sistemas igualitaristas, sino por políticas y  mecanismos de relaciones sociales, políticas y económicas que, por una parte, aseguren el acceso a los recursos vitales básicos a toda la población, y por otra, den suficientes oportunidades para el progreso personal y colectivo, asegurando que nadie pueda enriquecerse o mejorar su situación a costa del perjuicio de otras personas, la degradación del medio ambiente o una legalidad discriminatoria. Todo ello a sabiendas de que los recursos naturales son finitos y no están simétricamente repartidos por el planeta, que todas las sociedades no tienen las mismas necesidades, que existen diferentes culturas, y que los ecosistemas tienen un delicado equilibrio que afecta sobremanera a las dinámicas climáticas, sobre la biodiversidad o nuestros cultivos, entre otros.

2. Los ODS: un consumo y una producción responsable para un desarrollo sostenible

 En lo relativo al modelo económico y de desarrollo, la Asamblea de Naciones Unidas ha establecido como Objetivo 12 la promoción de un consumo y una producción responsables, que guarden un equilibrio entre los tres factores que determinan la sostenibilidad de cualquier actividad: económico, social y ambiental. Principios éticos, sostenibles y solidarios aplicados al comercio internacional, como son los de Comercio Justo, representan un camino ya hecho que debería servir de referencia. El Comercio Justo como práctica transformadora permite distribuir equitativamente la riqueza y facilitar mayores oportunidades de desarrollo a los países que participan de la cadena comercial (por estar el beneficio mejor repartido entre los diferentes eslabones de la cadena).

Para las Naciones Unidas “el principal impacto ambiental de los alimentos se debe a la fase de producción (agricultura, elaboración de alimentos), los hogares influyen en ese impacto a través de sus opciones y hábitos alimentarios, con sus consiguientes efectos en el medio ambiente debido al consumo de energía y la generación de desechos relacionados con los alimentos”. Esta afirmación se hace a sabiendas de que si la población mundial llega a los 9.600 millones para 2050, harían falta casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener el estilo de vida actual, lo cual es, a todas luces, insoportable.

En el Objetivo 8 para un “Crecimiento Económico Sostenido” se reconoce que “cerca de 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares al día” y que la “la erradicación de la pobreza sólo es posible a través de empleos estables y bien remunerados”. Para ello la Organización de las Naciones Unidas se ha marcado la meta de “aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados”. En este contexto el Comercio Justo, como red comercial equitativa, marca la diferencia respecto a otras formas de practicar el comercio internacional, convirtiéndose en la mejor forma de hacer intercambios comerciales más sostenibles y basados en el respeto mutuo. El Comercio Justo puede contribuir al cumplimiento de varias de las metas fijadas,  por lo que la apuesta y apoyo por este modelo de comercio alternativo puede facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la puesta en marcha de políticas relativamente sencillas.

En conclusión, se hace imprescindible potenciar modelos de gestión empresarial basados en valores y principios vinculados a la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad que permitan consolidar referentes ejemplarizantes en el terreno económico para la sociedad, las empresas y  las Administraciones Públicas; se debe  transitar, progresivamente, hacia un  desarrollo más acorde con los objetivos y metas que se ha marcado la comunidad internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reduciendo el impacto negativo sobre el medio ambiente y asegurando los derechos de las personas. Si existen ya modelos de gestión más sostenibles ¿por qué no apostar por ellos? Más allá de los intereses corporativos, si hablamos de sostenibilidad, debemos tener presente que debemos cambiar los valores que determinan la  forma de entender la economía que tenemos en este momento. No hacerlo sería renegar de la aspiración colectiva de conseguir un mundo más justo, donde se posibilite a todo ser humano tener  las suficientes oportunidades y recursos para garantizarse una vida digna, independientemente de su lugar de nacimiento que, al fin y al cabo, es un capricho del destino y no  una  opción individual. Y es que no reconocer que un modelo económico basado exclusivamente en la libertad de mercado que no garantice derechos, libertades y acceso a recursos básicos para la vida, produce graves distorsiones, desigualdades e injusticias en las relaciones políticas, sociales y laborales que, a la larga, sólo permiten condiciones de bienestar a una minoría social, la que controla el capital y disfruta de las libertades económicas. Se condena así a la mayoría a no tener sus mismas oportunidades y a pasar por esta vida sin posibilidad real acceder a mejores condiciones de vida. Por tanto se hace necesario que existan principios, valores y reglas básicas, como las que propone el Comercio Justo, para equilibrar y repartir equitativamente el beneficio que genera la cadena comercial; en definitiva, los eslabones no especulativos de la cadena productiva son esenciales para que todo funcione, desde el productor al consumidor. 

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David Comet es licenciado en Ciencias Política y de la Administración y Técnico Superior en Salud Ambiental. Desde junio de 2006 forma parte del equipo de trabajo de IDEAS, donde ha desarrollado diversas labores en el Departamento de Compra Responsable tales como investigación sobre las posibilidades de la compra social y ética en la contratación pública, organización de seminarios, congresos y jornadas. Actualmente coordina dicho Departamento y realiza acciones de divulgación y promoción de la compra responsable en el ámbito empresarial, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil.

Ha publicado y colaborado en diferentes estudios e informes sobre compra y consumo sostenible; destacan algunos títulos como “Manual de Compra Responsable en Países en Vías de Desarrollo” editado por la propia IDEAS en mayo de 2008, la Guía de Compra Sostenible, editada el mismo año por la Asociación Española de Profesionales de Compra, Contratación y Aprovisionamiento (AERCE), el Informe “La sostenibilidad en la Cadena del Cacao: Problemáticas y posibilidades en el sector del cacao y el chocolate”, y recientemente el Manual titulado “El Comercio Justo en las compras públicas” publicado en 2011 por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional.

De igual forma cuenta con experiencia en la impartición de sesiones formativas en el ámbito académico donde ha colaborado con las Universidades de Córdoba, Cádiz, Jaén, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura, entre otras.  También ha asistido técnicamente a entidades públicas, en el ámbito de la contratación pública sostenible, tales como los ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Albacete, Valladolid y León, la Diputaciones de Huelva, Córdoba, Almería, Badajoz y Segovia, o las Universidades de Córdoba y Valencia, y a otras entidades supramunicipales tales como la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León, o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.